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SAN FRANCISCO —AP— Un juez federal bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 1,1 millones de migrantes de Venezuela y Haití, otorgándoles un respiro para seguir viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.

El fallo, emitido por el juez de distrito Edward Chen, beneficia a unos 600.000 venezolanos cuyas protecciones ya habían expirado o estaban a punto de hacerlo, y a 500.000 haitianos que enfrentaban la misma situación. Según Chen, la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revertir tres extensiones concedidas por la administración anterior fue “arbitraria, caprichosa y sin precedentes”, además de exceder su autoridad legal.

El TPS es una figura migratoria creada para ciudadanos de países que atraviesan crisis humanitarias —desastres naturales, conflictos armados o inestabilidad política— que hace inviable su retorno. Durante más de tres décadas, la ley se ha aplicado tras estudios técnicos y consultas con distintas agencias. La medida protege a los beneficiarios de la deportación y les otorga permisos de trabajo renovables por periodos de seis a 18 meses.

Noem había justificado la cancelación asegurando que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado. Sin embargo, el tribunal destacó que millones de venezolanos siguen huyendo de la represión, el colapso económico y la hiperinflación, mientras que Haití continúa atrapado en una emergencia marcada por la violencia de pandillas, la inseguridad alimentaria y la fragilidad institucional tras el devastador terremoto de 2010.

Chen reprochó a la funcionaria por actuar con premura y sin sustento técnico: “Revocar el estatus de protección y devolver a miles de familias a países que el propio Departamento de Estado desaconseja visitar es contrario a la ley y al sentido común”.

La resolución supone un alivio temporal para cientos de miles de migrantes y mantiene abierto el debate político y judicial sobre el futuro del TPS en Estados Unidos.