El nombre de Kilmar Abrego García se ha convertido en el centro de una disputa que refleja la dureza de la política migratoria de la administración Trump.
Este lunes, el ciudadano salvadoreño de 30 años se entregó a las autoridades de inmigración en Baltimore, mientras enfrenta el riesgo inminente de ser deportado a Uganda, un país con el que no guarda vínculo alguno.
Abrego fue deportado en marzo a El Salvador, donde permaneció encarcelado en condiciones denunciadas como inhumanas, hasta que en junio logró regresar a Estados Unidos.
Sin embargo, lejos de recuperar su libertad, enfrenta cargos federales de contrabando de personas que, según su defensa, son infundados y responden a un proceso “absurdo y vengativo”.
La administración Trump ha insistido en su deportación, incluso antes de que se lleve a cabo el juicio fijado en Tennessee. Funcionarios lo acusan de pertenecer a la pandilla MS-13 y de representar un peligro para la comunidad, señalamientos que él niega categóricamente.
El salvadoreño también rechazó un acuerdo que le habría permitido ser deportado a Costa Rica a cambio de declararse culpable, decisión que lo dejó en la mira de un posible traslado a Uganda.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
«La administración no dejará de luchar hasta que salga de los Estados Unidos».
Su caso, que combina acusaciones federales, deportaciones controvertidas y señalamientos de abusos en el sistema migratorio, se ha convertido en un emblema de la tensión entre la justicia, la política y los derechos humanos en Estados Unidos.
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