LOS ÁNGELES (AP) — La tensión migratoria en EE. UU. sube de nivel. La administración del expresidente Donald Trump presentó este lunes una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles, acusándola de bloquear la aplicación de las leyes de inmigración con su política de “ciudad santuario”.
El recurso, interpuesto en el Tribunal de Distrito de EE. UU., alega que la ordenanza angelina prohíbe a la policía local compartir información sobre inmigrantes sin estatus legal, obstaculizando lo que la Casa Blanca califica como una “crisis de inmigración ilegal”.
“Seguiremos haciendo cumplir la ley federal de inmigración en Los Ángeles, les guste o no”, advirtió Chad Mizelle, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, a través de un mensaje en la red social X.
La demanda exige frenar la ordenanza municipal y forma parte de una ofensiva legal contra otras jurisdicciones santuario como Nueva York, Nueva Jersey y Colorado, que limitan la cooperación con agentes de inmigración federal.
Los Ángeles, bajo la gestión de la alcaldesa Karen Bass, defiende su postura de no destinar recursos locales a labores migratorias federales. Sin embargo, en las últimas semanas, el sur de California ha sido escenario de masivas redadas: cientos de personas han sido detenidas, encendiendo la chispa de protestas y disturbios.
Desde el 6 de junio, miles de manifestantes han tomado las calles, mientras la Guardia Nacional y los Marines refuerzan operativos. Se reportan más de 100 arrestos por cargos que van desde ataques a oficiales hasta incendios de autos Waymo con conducción autónoma. El pasado 18 de junio, Bass levantó un toque de queda que buscaba contener saqueos y vandalismo.
La Casa Blanca sostiene que la negativa de Los Ángeles a colaborar ha derivado en “anarquía y caos”. Por ahora, la alcaldesa y la fiscal de la ciudad no han emitido declaraciones oficiales.
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