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La comunidad inmigrante de Washington D.C., especialmente las familias hispanas con hijos en escuelas bilingües, vive momentos de alta tensión legal y emocional tras informes no confirmados sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque no se ha registrado intervención directa en instituciones educativas como Mundo Verde, la sospecha de redadas cercanas y la presencia de agentes en restaurantes como Millie’s han generado un ambiente de miedo e incertidumbre.

Legalmente, Washington D.C. es considerado una “ciudad santuario” desde la aprobación de la Ley de Valores del Santuario (2020), que impide la cooperación de autoridades locales con agencias federales de inmigración. Sin embargo, en un giro político significativo, la alcaldesa Muriel Bowser ha dado importancia a esta normativa desde la reelección del expresidente Donald Trump.

En declaraciones recientes, calificó el estatus de santuario como una «expresión de valores» más que una norma legalmente vinculante, y aclaró que la ciudad no interferirá con operativos federales. Esta postura ha sembrado dudas sobre la aplicabilidad real de las protecciones legales ofrecidas a personas indocumentadas.

En este contexto, diversas escuelas bilingües han activado planes de respuesta legal y de emergencia. Estas medidas incluyen:

• Declarar sus instalaciones como propiedad privada para limitar el ingreso de agentes sin orden judicial.
• Realizar capacitaciones para el personal sobre el manejo de posibles visitas de ICE.
• Promover acuerdos de custodia legal entre padres indocumentados y personas de confianza en caso de detención.
• Organizar talleres “Conozca sus derechos”, con asesoría de abogados de inmigración, para instruir a las familias sobre sus garantías legales.

Abogados involucrados reportan un aumento en la demanda de asesoría preventiva. Muchos inmigrantes, incluso con estatus legal temporal o en proceso, temen represalias y optan por minimizar su exposición pública. En palabras de una abogada anónima, “la gestión del miedo ya es parte estructural de nuestro trabajo legal diario”.

Este escenario pone en evidencia un conflicto jurídico de fondo: la tensión entre la jurisdicción federal —con facultades exclusivas en materia migratoria— y los intentos locales de limitar su impacto a través de políticas de no colaboración, en la práctica, cuando la autoridad municipal no se compromete activamente a proteger a sus residentes frente a la aplicación federal, los efectos disuasorios de una “ciudad santuario” se debilitan.

La situación actual en Washington D.C. refleja una problemática nacional: la fragilidad legal de las promesas de protección local en ausencia de una reforma migratoria integral.

Mientras tanto, miles de familias hispanas siguen viviendo bajo la amenaza de detención y deportación, con sus derechos dependiendo más del contexto político que de garantías jurídicas sólidas.